14/2/2014

Propuestas de veto: Proyecto de Ley de Seguridad privada.

Los trabajadores acusan a los sindicatos de cobrar "el plus de los corruptos" SUMARIO DEL 'CASO ESABE'

Los interrogatorios policiales que obran en el sumario de la causa revelan que miembros de sindicatos y comité de empresa de ESABE habrían recibido trato de favor mientras tenían conocimiento de los pagos en dinero negro a sus trabajadores.
Los interrogatorios policiales llevados a cabo durante el último año en el marco de la investigación al grupo ESABE revelan que miembros de sindicatos y del comité de empresa podrían haber estado recibiendo trato de favor de la cúpula directiva, mientras tenían conocimiento de presuntas irregularidades como masivos pagos en 'B' a sus trabajadores. Una coordinadora de la división de seguridad de la empresa declaró ante la policía que el comité de empresa "estaba al tanto" y que durante aquellos años los sindicatos "tenían metido en nómina un plus al que los empleados llamaban 'el Plus del Corrupto', una manera de tenerlos contentos".
'Caso ESABE'
Los interrogatorios incluidos en el sumario del 'caso ESABE' revelan el control que la dirección de la empresa ejercía sobre los únicos agentes que podrían haber plantado cara a las supuestas irregularidades que se habían estado cometiendo desde hace años: el comité de empresa y los sindicatos. Durante una batería de interrogatorios realizados por la policía a lo largo del año pasado, casi una decena de trabajadores y cargos medios del grupo ESABE afirmaron que los sindicatos y miembros del comité de empresa estuvieron recibiendo trato de favor de la directiva "para tenerles contentos y que firmaran lo que quisieran". Otros tantos, niegan saberlo de primera mano pero sí reconocen que esta situación era "vox populi" en la empresa. Presuntos sueldos especiales y gratificaciones afloran en los interrogatorios, denunciadas por la formación Unión Sindical Obrera (USO), que ejerce la acusación popular en este procedimiento.
En su declaración ante el Grupo Operativo de Fraudes de la policía, el que fuera responsable de seguridad en el Ministerio de Igualdad afirma que los miembros de sindicatos y comité de empresa estaban al tanto de los pagos en dinero negro a los trabajadores y que incluso "los sindicatos tenían metido en nómina un plus, al que los empleados llamaban "Plus del Corrupto", que según este empleado "era una manera de tenerlos contentos y que firmaran lo que quisieran los directivos, incluso los cursos a sabiendas de que no se impartían". Una afirmación que se repite a lo largo de varios interrogatorios realizados por la policía: en exjefe de servicios explica que "los cargos sindicales cercanos a la dirección de la empresa cobraban en nómina unas gratificaciones que no estaban justificadas por su labor profesional".
De estos interrogatorios se desprende que esta falta de "justificación" se traduce en sueldos más altos de los que les corresponderían por su puesto. Se cita hasta en dos ocasiones el ejemplo de quien fuera presidenta del comité de empresa y líder sindical, M.J.S, que según estas versiones "siendo vigilante de seguridad cobraba como inspectora", llegando supuestamente a cobrar un sueldo entre 2.700 y 3.000 euros "que no se correspondía con el de ningún inspector". Un trabajador, que fuera responsable del departamento de control y gestión, añade que a algunos representantes sindicales había que pagarles, mediante talón, sus actividades sindicales como si formaran parte de la jornada laboral. El resto de trabajadores interrogados coinciden en señalar que esta situación era "un rumor constante", afirmando que el comité y los sindicatos "tenían que estar al tanto".
Las primeras denuncias que dieron origen a este proceso en 2011 fueron interpuestas por representantes de diversos sindicatos que denunciaban las presuntas irregularidades que se cometían en la empresa.
Presunto control sobre las elecciones de los sindicatos
La relación entre los sindicatos y la directiva de la empresa podría haber ido un paso más allá. Según declaró ante la policía una antigua auxiliar administrativa de la empresa, el día de las elecciones a representantes sindicales de la empresa en fecha no determinada uno de los altos cargos de ESABE, e imputado en esta causa se dirigió a ella y a otras dos o tres compañeras y les dijo literalmente: "Tenéis que coger la papeleta de este sindicato, y que os vea yo echarla a la urna", sin recordar exactamente a qué formación sindical pertenecía la papeleta.

La empresa ESABE consiguió subvenciones públicas por cursos fantasma. SUMARIO DEL 'CASO ESABE'

Los informes policiales del sumario revelan que la empresa de seguridad ESABE cobró subvenciones públicas por cursos de formación que nunca llegaron a celebrarse y utilizó sellos falsos de organismos oficiales

La Cadena SER ha tenido acceso al sumario del caso ESABE, que investiga a lacúpula directiva de esta empresa de seguridad y limpieza por delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. La policía y los investigadores realizan una pormenorizada descripción de cómo la empresa utilizaba sellos falsificados de organismos oficiales y empresas privadas para obtener contratos públicos y subvenciones por cursos de formación que nunca se llegaban a celebrar. Los investigadores hablan de un fraude "incalculable" añadiendo las deudas con la Seguridad Social y los pagos en 'B' de la empresa por cantidades millonarias.
La Cadena SER ha tenido acceso al sumario delcaso ESABE, la investigación judicial seguida contra los directivos de esta empresa de seguridad y limpieza por presuntos delitos contra la seguridad social. En sus miles de páginas, los investigadores de la policía y del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid desgajan un "laberinto empresarial creado para defraudar", exponen cómo la empresa acumuló durante años deudas millonarias con la Seguridad Social, y también cómo se las pudo ingeniar para seguir obteniendo contratos igualmente millonarios con las administraciones públicas españolas. La investigación de una trama empresarial de pagos en 'B', de un coste económico "incalculable" siempre presidida por la figura de Juan José Prados del Pino, presidente de ESABE, considerado "patriarca" del grupo empresarial y en paradero desconocido desde hace más de un año.
Una hasta ahora desconocida línea de investigación del Grupo Operativo de Fraudes de la policía, según el sumario del caso en el que el sindicato USO ejerce la acusación popular, apunta a que las empresas del grupo ESABE pudieron estar cobrando dinero público durante años por unos cursos de formación que, en realidad, nunca se habrían llegado a celebrar, y que están subvencionados a las empresas por organismos nacionales e internacionales como la Fundación Tripartita para el Empleo (FORCEM).
Una teoría que sustentan los investigadores de la Seguridad Social: "Se detectó un considerable fraude al FORCEM ya que durante años recibieron cantidades por la impartición de formación de cursos que nunca se llegaron a realizar". También se apoya en las declaraciones y denuncias de varios trabajadores, que incluso han llegado a aportar a la causa las fichas diarias de trabajo correspondientes a los mismos días en que, según la empresa, estaban asistiendo a un curso de reciclaje o de manejo de escáner. Según testimonios que obran en el sumario, a veces incluso la empresa habría obligado a los trabajadores a estampar su firma en los diplomas de estos cursos nada más ser contratados.
Sellos de administraciones públicas para falsificar documentos oficiales
Sus propios sellos no eran los únicos que utilizaban de forma supuestamente fraudulenta. Según figura en el sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER, los directivos de ESABE habrían tenido en su poder una serie de sellos falsificados de administraciones públicas y empresas privadas con los que falsificar documentos oficiales y poder de esta manera ir maquillando sus deudas con la Seguridad Social y poder así presentarse a concursos públicos. El sumario del caso revela que, a lo largo de los últimos años, la empresa ha sido "cazada" en algunas de estas falsificaciones, como en la que pudo cometerse para intentar engañar a la Junta de Andalucía en el concurso público del servicio de seguridad del complejo administrativo Almanjáyar de Granada, en la pugna por el servicio de seguridad del museo Guggenheim de Bilbao o incluso un Certificado de Situación de Cotización para ocultar sus deudas y acceder a cuentas bancarias embargadas en un banco de Ciudad Real. Para los investigadores de la policía, no es descabellado pensar que esto pudiera haberse producido en numerosas licitaciones públicas en 2010 y 2011.
Varios de estos sellos fueron incautados hace un año durante los registros a las sedes de la empresa en Madrid, pero fue hace una semana cuando esta vertiente del caso adquirió más fuerza: un imputado, enemistado con Juan José Prados del Pino según fuentes cercanas al caso, entregó de forma voluntaria casi 200 sellos de caucho, plantillas y pegatinas tanto de organismos oficiales como de empresas privadas. Sellos de la dirección provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Ayuntamiento de Badalona, del registro de facturas y la dirección económica de la Consellería de Sanidad en el Hospital de la Fe en Valencia o incluso de varias subdirecciones de ministerios como el de Justicia o el de Fomento. Y no sólo sellos de organismos oficiales: también de entes privados como bancos, gasolineras, restaurantes, tintorerías o incluso una tienda 'todo a cien' del barrio madrileño de Suanzes. Sellos utilizados, siempre según los investigadores, para falsificar documentos públicos.
Una "familia mafiosa" y un daño económico "incalculable"
A los investigadores no les salen los números a la hora de calcular los números rojos de este caso. Según figura en el sumario, las deudas de ESABE con la Seguridad Social superan holgadamente los 30 millones de euros, a lo que hay que añadir todo el dinero presuntamente pagado en negro, sin cotizar, a los trabajadores, una cantidad mensual de medio millón de euros calculada por la policía, que resume todo el supuesto fraude en una palabra: "Incalculable".
Un agujero económico que, según detalla el sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER, es herencia de años de una telaraña de más de diez empresas opacas, llenas de "hombres de paja" o testaferros, y de cómo los millones de euros viajaban de una entidad a otra hasta llegar a manos de Juan José Prados del Pino, el considerado como "ideólogo" del "chiringuito", y su familia. Para los investigadores, nos encontramos ante una estructura de "familia mafiosa", una "telaraña empresarial de ingeniería financiera creada por la familia Prados por y para delinquir, para dar cobertura a diversos ilícitos penales y ocultar los fraudes de ley realizados para esquivar las sanciones que les han sido impuestas". El sumario describe pormenorizadamente algunas de estas actividades.
"No existía ánimo de ponerse al corriente de pago con las administraciones"
Para los investigadores, el cúmulo de presuntas irregularidades cometidas por este grupo empresarial habría permitido a ESABE estar a la cabeza de los concursos públicos. Según la policía, el gran objetivo del grupo ESABE, compuesto por más de diez empresas más o menos vinculadas a Prados del Pino, era ocultar sus millonarias deudas con la Seguridad Social para poder seguir obteniendo contratos públicos. Esto se conseguía de varias maneras, según el sumario: o bien se solicitaba una renegociación de la deuda para tener "certificados de cotización limpios con los que cotizar", ya que "no existía en ningún momento ánimo de ponerse al corriente de pago con las administraciones", o bien entraba en juego una empresa aparentemente limpia pero controlada igualmente por ESABE. La finalidad era tener el expediente limpio, algo que se consiguió en todas las ocasiones: destaca el sumario que en julio de 2001 el Ministerio de Hacienda sancionó a la entonces conocida como 'ESAVE', quedando prohibida toda contratación con esta empresa durante los próximos cinco años: Prados del Pino moviliza a sus testaferros y crea otra empresa, 'Bubos Securitas', futura 'ESABE', y dos meses después de ser sancionado se hace con el servicio de seguridad del Centro Nacional de Información Geográfica.
Otra línea de investigación, la del delito contra los derechos de los trabajadores, estudia los posibles pagos en negro: la policía calcula que un 20% del sueldo de los trabajadores se pagaba en nómina y el resto en dinero negro, sin cotizar, a través de horas extra o kilometraje. Una práctica que, según varios testimonios de trabajadores de ESABE contenidos en el sumario, venía impuesta desde el mismo momento de firmar el contrato.
Baja temeraria para conseguir contratos públicos
¿Y cómo conseguía entonces tantos contratos con la administración pública? Durante años, ESABE fue una de las principales empresas del sector de la seguridad privada en España, de las mayores contratistas de nuestro país. Según los investigadores, además de las posibles falsificaciones a las que se apuntan, el complejo empresarial de Prados del Pino habría ofrecido sus proyectos en lo que se denomina "baja temeraria", ofreciendo el menor número de recursos posibles para presentarse a los concursos públicos, incluso dando de alta trabajadores que luego serían dados de baja una vez ganada la licitación.
La conjunción de todas estas artimañas supuestamente ilegales es la única explicación que los investigadores encuentran a que las empresas del grupo ESABE hayan sobrevivido tantos años en la cresta de la ola: "Si las empresas cuentan con no ingresar las cuotas sociales, con pagar en 'b' las horas extras, con realizar contratos por horas muy inferiores a las que realmente se realizan, con embolsarse dinero de cursos no realizados pero subvencionados, con no tributar los impuestos de sociedades e IVA... nos encontramos con las razones reales por las que pueden presentar a los concursos ofertas muy inferiores a las de la competencia". El resultado ha sido, finalmente, que ESABE se ha quedado sin dinero para pagar las nóminas de sus trabajadores por haber sido paulatinamente apartado de los concursos públicos.
Varios frentes judiciales abiertos
En estos momentos, según han informado fuentes jurídicas a la Cadena SER, el caso se encuentra a la espera de resolver todos los recursos interpuestos por las defensas de los diez imputados, pero sobre todo a la espera de que aparezcan los principales imputados: Juan José Prados del Pino y su esposa. Informaciones contenidas en el sumario le sitúan cerca de Lisboa, mientras que fuentes cercanas al caso también le ubican dentro de nuestras fronteras, aunque fuera del alcance de la justicia. Sobre él pesa una orden de detención aplicable al espacio internacional Schengen que abarca la mayoría de países de la Unión Europea.
El caso ESABE no es, en realidad, un solo caso, ni se desarrolla en un único juzgado. Al margen de las incontables sentencias que han dado la razón a los trabajadores frente a este grupo empresarial, son varios procesos judiciales los que se desarrollan en varias provincias españolas: además de esta causa central, al menos otros cuatro juzgados madrileños persiguen las actividades presuntamente ilícitas de ESABE, cada uno por diferentes delitos. Uno de ellos investiga precisamente los delitos contra la Hacienda Pública que pudiera haber cometido, presuntas irregularidades que la policía cifraba en más de 50 millones de euros, al margen de sus deudas con la Seguridad Social. Otro, posible revelación de secretos y detención ilegal durante la operación policial. En varias ocasiones, la jueza que instruye la causa principal ha recordado que sólo investiga posibles delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, y de insolvencia punible. Además, Juan José Prados del Pino también es requerido de forma oficial por un juzgado de instrucción de Valencia y otro penal de Barcelona.

Acta de la primera reunión de la mesa negociadora de Prosegur

Acta de la segunda reunion del procedimiento de inaplicacion del convenio colectivo Securitas Seguridad España

Acta de la reunión de la Mesa de la Comisión Paritaria del sector seguridad privada.

Noticias semanales de Seguridad Privada 14 de Febrero de 2014.


























































































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12/2/2014

Propuesta de Securitas a la representación de los trabajadores


Intenta disparar a un vigilante que lo sorprendió al robar una bici en el campus

El detenido presuntamente golpeó con la culata de la pistola al empleado de seguridad después de que el arma se le encasquillara
Intenta disparar a un vigilante que lo sorprendió al robar una bici en el campus
Su apariencia descuidada y su merodeo por el aparcamiento sin un rumbo fijo –la policía sospecha que su intención era sustraer una bici– levantó las sospechas de uno de los empleados de seguridad que hacía la ronda en ese momento, que se acercó para identificarlo. Al parecer, y siempre según las fuentes consultadas, el individuo, que iba armado con una pistola, se enfrentó a él. Y se inició un forcejeo entre ambos.
Las pesquisas apuntan a que el sospechoso habría intentado disparar hasta en dos ocasiones contra el vigilante, pero el arma se le habría encasquillado. Finalmente, le golpeó con la culata de la pistola en la cabeza y le ocasionó una brecha en la ceja. Pese a ello, el guarda de seguridad logró reducir al individuo y arrebatarle el arma. Según un testigo presencial, lo inmovilizó con ayuda de unos grilletes e incluso le dio agua mientras esperaba la llegada de las patrullas. Los agentes detuvieron al sujeto y lo condujeron a la Comisaría Provincial, donde el Grupo de Homicidios instruye las diligencias del caso. La víctima, por su parte, fue trasladada a un centro hospitalario para que le curaran la herida.
Pocos en el campus se percataron de lo ocurrido hasta que escucharon las sirenas de la policía. Ignacio González, un alumno de doctorado y con un contrato para un proyecto, que en ese momento se encontraba en los talleres, pudo ver cómo sangraba el vigilante, mientras que su presunto agresor gritaba: «Ha sido sin querer, no pretendía herirlo». González no pudo oír las detonaciones porque el ruido de la maquinaria se lo impedía, aunque sí vio las dos marcas de tiza en el suelo que señalizaban los casquillos.
Su preocupación se deja entrever en la conversación. «Igual que se fue a por una bici, podía haber entrado armado a los laboratorios, y a saber qué habría pasado», declaró González. La misma inquietud manifestó otro grupo de alumnos que se acercó hasta el ‘parking’. «Sin duda, no solo es inquietante, sino desproporcionado robar una bici a punta de pistola; no es para estar tranquilos», apostilló este estudiante.

Boletín de Seguridad Privada SEGURPRI Nº 44


Derechos Humanos y el proyecto de Ley de Seguridad Privada

En junio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, como nos explica Lydia Vicente, los expertos ponen en duda la compatibilidad de este texto con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Interior dice que Ley de Seguridad Privada dará garantías jurídicas al sector
En junio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que en la actualidad se encuentra en trámite parlamentario. Una de las perspectivas desde la que debe estudiarse este proyecto legislativo es su compatibilidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, compatibilidad que exige nuestra propia Constitución, y que es el objeto de este artículo. Pues bien, desde dicha perspectiva internacional deben concurrir dos aspectos fundamentales en las normas que regulan las actividades de empresas seguridad privada para ser consideradas compatibles con los estándares internacionales en la materia: el respeto por los derechos humanos y la supervisión de las actividades de tales empresas por parte de un órgano independiente de rendición de cuentas.
Lo cierto es que la necesidad de regular y controlar las empresas de seguridad privada ha sido un tema central para la ONU en la última década. Como muestra, las palabras del presidente del Grupo de Trabajo, ante la Asamblea General, quien afirmaba en noviembre de 2013 que “Proporcionar seguridad es un derecho humano y una responsabilidad fundamental de los Estados”. También puso de relieve la insuficiencia de las normas nacionales para abordar los desafíos que suponen las empresas militares y de seguridad privadas debido, entre otros, a la ausencia de mecanismos efectivos y transparentes así como de remedios efectivos para hacer frente a violaciones de derechos humanos. Ello porque sin un control y una supervisión efectivos, las actividades de tales empresas pueden suponer un aumento de inseguridad y entrañar un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos, socavando gravemente el Estado de Derecho.
Ya en 2005 se creó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación en virtud de la Resolución 2005/2 de la entonces Comisión de Derechos Humanos. Aunque entre sus tareas principales estaba la de monitorear y promocionar la ratificación de la Convención contra el Reclutamiento, Uso, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios de 1989 (que entró en vigor en 2001), el trabajo del Grupo rápidamente pasó a centrarse también en el examen de las actividades de las empresas que proporcionan servicios de seguridad a nivel nacional y que ejercen funciones que eran tradicionalmente del Estado, como lo es el uso de la fuerza.
Más tarde el Grupo de Trabajo lideró y preparó un Proyecto de una posible Convención sobre las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP) que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos en julio de 2010. En octubre de ese mismo año, el Consejo de Derechos Humanos aprobaba una Resolución para “establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de estudiar la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional, incluida, entre otras, la posibilidad de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante, para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, incluida la rendición de cuenta de estas empresas, teniendo en consideración los principios, los elementos principales y el proyecto de texto propuestos por el Grupo de Trabajo”. España fue uno de los Estados que votó en contra de la misma.
Complementando este proceso, en noviembre de 2010 se estableció un Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, auspiciado por el gobierno de Suiza y el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) y que establece principios relativos al uso de la fuerza, selección y capacitación del personal, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, etc. A fecha de agosto de 2013, solamente una empresa española ha firmado el Código.
En su labor de investigación e identificación de tendencias y cuestiones emergentes relacionadas con las empresas de seguridad privadas, el Grupo de Trabajo ha realizado un estudio de los marcos normativos nacionales. Para ello el Grupo envió en 2012 un cuestionario a todos los Estados Miembros de la ONU para recabar copias de todas las leyes y reglamentos relativas a estas empresas. Por la información publicada en la web del Grupo parece que España no ha contribuido a dicho estudio ni con la actual Ley de Seguridad Privada de 1992 ni con el Anteproyecto de Ley.
Volviendo al Proyecto de una posible Convención Internacional sobre EMSP, son varias las disposiciones del Proyecto de Convención que se refieren al deber de respetar los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y de capacitación o formación de los empleados de las EMSP (artículos 1(2), 7(1), 17(2) y (3), 18). Para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el ejercicio de las funciones de las EMPS, los Estados tienen la obligación de formar al personal de las EMPS tanto en materia de Derechos Humanos como en el uso de la fuerza para evitar o prevenir un uso arbitrario de la fuerza. Otro aspecto fundamental del Proyecto de Convención es la creación de un mecanismo nacional independiente de rendición de cuentas que supervise las actividades de las EMPS, incluida la investigación efectiva de violaciones de los derechos humanos, sin que se pueda recurrir “a acuerdos de inmunidad” (artículos 5(2), 16(3), 18(7), 19 y 20).
Aunque se trate de un mero Proyecto de Convención, las reglas, principios y disposiciones contenidas en el mismo tienen la consideración de “buenas prácticas” y nada impide que sean incorporadas en las normativas nacionales de los Estados. En España, como decíamos al comienzo, el Congreso se encuentra en la actualidad debatiendo el proyecto de Ley de Seguridad Privada. Y, respecto de los dos puntos fundamentales señalados, Derechos Humanos y mecanismos de supervisión-rendición de cuentas, el Proyecto de Ley de Seguridad Privada no prevé nada al respecto, es silente.

Vigilantes denuncian que las empresas quieren que la subida de cotizaciones se refleje en su salario

20140211_174011“Lo que hemos hecho es concentrar a vigilantes de seguridad para pedir que las empresas retiren los descuelgues del convenio colectivo nacional que van a hacer y que las condiciones laborales no decaigan hasta los límites del salario mínimo”. Así resumía la protesta que esta tarde cerca de un centenar de vigilantes de seguridad han celebrado en la plaza del Pilar para presionar frente a la intención empresarial de que el 5% de subida salarial previsto en el convenio se quede en menos de un 3% al reflejarse en sus salarios la subida de las cotizaciones a la seguridad social propuesta por el Gobierno nacional.
El próximo 14 de febrero mantendrán una reunión para analizar esta situación en una serie de protestas que se han sucedido a lo largo de España durante todo el día de hoy. “No han respetado en ninguna de las ocasiones” este convenio colectivo, denunciaba Pedro Nieto, del sindicato USO, a una situación que afecta a un millar de trabajadores de Ciudad Real.
“Lo que proponen ellos es lo de siempre, que paguemos lo que a ellos les suponga un gasto extra”, ha comentado Alejandro Jiménez, en esta situación de las empresas de seguridad, mientras Belén del Álamo, de UGT, concluía en que “no se pueden permitir descuelgues” de las condiciones ya acordadas por convenio.
Los trabajadores concentrados han leído un manifiesto durante su concentración en el que recordaban que un convenio colectivo estatal es “un auténtico contrato colectivo”.  ”A lo largo de la vigencia del actual convenio, la parte empresarial, ha incumplido lo acordado”, denunciaban en el texto leído,, afirmando que los trabajadores han “asumido esfuerzos extraordinarios para garantizar el empleo y el marco regulatorio que significa el Convenio mismo”.
“El Gobierno acaba de incrementar las cotizaciones empresariales al obligar a cotizar por pluses por los que hasta ahora no se cotizaba, incrementando los costes salariales en torno a un 2%, según se quejan las direcciones de las empresas”, denunciaban para recordar que han sido las patronales que “han apoyado a este Gobierno” y que “no es de recibo que se quieran compensar dichas cotizaciones con nuevas bajadas salariales”.
“Los trabajadores de seguridad privada, somos de los escasos colectivos de trabajadores que para mantener nuestros puestos de trabajo debemos superar un examen de acceso, realizar un curso de ‘reciclaje’ cada año e ir a realizar prácticas de tiro evaluables dos veces al año”. Unas condiciones durante ante las que piden “la retirada de las propuestas de descuelgues y expedientes de regulación de empleo que están presentando las empresas, orquestadas por las patronales del sector”
Este es el convenio íntegro leído :

CiU pide que los vigilantes privados deban conocer la lengua cooficial de la comunidad donde vayan a trabajar

CiU quiere que los vigilantes de seguridad privada tengan conocimientos de la lengua que sea cooficial en la comunidad autónoma donde vayan a prestar servicios, suficientes para "el normal desempeño" de sus funciones.
Así lo contempla una de las 55 enmiendas presentadas por el Grupo Catalán en el Senado a la Ley de Seguridad Privada, que fue aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP y el apoyo de CiU y PNV. Esta legislación sustituye a una anterior de 1992 y se enfrenta al rechazo del resto de la oposición por aspectos como la posibilidad de que la vigilancia privada se encargue del perímetro exterior de las cárceles.
Pese a que CiU apoyó el texto en el Congreso gracias a la introducción de algunas variaciones, el grupo ha presentado un amplio abanico de enmiendas en el Senado, recogidas por Europa Press, que abarcan diversos aspectos de la legislación, la mayoría referidos al ámbito competencial, el capítulo de la formación o la consideración de agente de la autoridad.
El propio diputado de CiU Jordi Jané recordó en el Congreso que su grupo comenzó el trámite parlamentario de esta legislación con una enmienda a la totalidad por cuestiones competenciales, pero celebró el acuerdo alcanzado con el PP y el propio Ministerio del Interior. "De 71 enmiendas habíamos presentado, se han alcanzado más de 40 acuerdos", reconoció.

EL PSOE SÍ VETA
Quien sí ha decidido vetar la Ley en el Senado ha sido el PSOE, que ha pedido que sea devuelta al Congreso porque considera que "burla" la Constitución y persigue el único objetivo de abrir la puerta a los negocios privados en materia de seguridad.
El punto de la Ley que más críticas cosechó de los socialistas es el que, a su juicio, abre la puerta a que vigilantes privados puedan detener, cachear e identificar a ciudadanos en la vía pública. La legislación contempla, entre sus funciones, la vigilancia "llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarios para el cumplimiento de su misión".

El PSOE veta en el Senado la Ley de Seguridad Privada porque "abre la puerta" al negocio y "burla" la Constitución

El PSOE ha presentado este martes en el Senado un veto a la nueva Ley de Seguridad Privada, porque según los socialistas está redactada con el único objetivo de "abrir la puerta" al negocio privado y que además, según denuncian los socialistas, "se ha utilizado de manera torticera para burlar un poco la Constitución".
   Para el PSOE, esta legislación, que sustituye a una anterior de 1992, debería haberse aprovechado para "cualificar" la profesión de la vigilancia privada. Y sin embargo cree que se ha utilizado como un paso más en la "ofensiva neoliberal" del Gobierno para "abrir nuevos nichos de mercado mediante la privatización de servicios públicos".
   Los senadores Enrique Cascallana y José María Ángel Batalla han explicado el veto presentado por el Grupo Socialista para devolver la Ley al Congreso y las más de 60 enmiendas registradas. "La ley responde a intereses ideológicos del Gobierno y del PP. Dado que privados son los bienes y los derechos a proteger, privada ha de ser su protección para quien pueda pagarla", ha denunciado Cascallana.
   Algunos de los aspectos más polémicos de la legislación son la posibilidad de que los vigilantes privados puedan encargarse de la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles, así como la facultad que les otorga para detener, cachear e identificar a ciudadanos en la vía pública.
   El PSOE ha denunciado que estos aspectos van contra la Constitución, que encomienda al Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) el "monopolio" de la defensa de la libertad. Además, mientras que en la Ley de 1992 la seguridad privada estaba "subordinada" a la pública, ahora queda como "auxiliar o complementaria" a ella y "esconde un equilibrio entre ambas".
   Según han alertado los senadores socialistas, esto abre además la puerta a una sucesión de conflictos entre vigilantes privados y Policía o Guardia Civil por su actuación ante los ciudadanos, con el único objetivo de "dar cobertura al negocio y las empresas".
   Pero además, han avisado de que, cuando habla de ampliación de los posibles ámbitos de actuación de los servicios de seguridad privada, establece que se decidirá "lo más conveniente" en función de efectos presupuestarios y del mayor o menor coste que pueda tener. "Esto lleva a decidir en función del montante y no de quién garantiza mejor la seguridad", ha alertado Cascallana.

RENUNCIA A LA FORMACIÓN

   Para el PSOE es especialmente relevante el apartado de la formación de los vigilantes privados, que cree que no queda resuelto en la nueva legislación porque renuncia a "apostar por una fomación reglada con la intervención de las autoridades académicas o a reforzar la formación continua que tienen que ofrecer las empresas".
   "Para ser miembro de las fuerzas de seguridad se requiere un largo periodo de formación. Pero no para formar parte de la seguridad privada y en cambio se atribuyen las mismas responsabilidades", ha denunciado el senador socialista, que cree que el Gobierno adopta esta medida para contrarrestar las bajas tasas de reposición de empleo público.
   "Se dibuja un sistema de seguridad privada que por una parte rebaja el estándar constitucional en relación con la seguridad y, por otra, a través de conceptos jurídicos indeterminados, abre la posibilidad a una ampliación de las competencias a la seguridad privada desbordando el modelo actual", denuncia el veto de los socialistas.
   El Grupo Socialista también ha manifestado sus críticas al artículo 15 de la nueva Ley, que autoriza la cesión de datos y la creación de bases de datos de la ciudadanía con criterios de seguridad.

PREOCUPANTE DERIVA DE INTERIOR

   El PSOE ve esta nueva Ley de Seguridad Privada dentro de una "preocupante deriva" del Ministerio del Interior de "recorte de libertades", y la ha unido a la Ley de Seguridad Ciudadana que "sigue la senda de restricción de derechos fundamentales y el endurecimiento de condenas".
   "Hay una involución democrática", ha lamentado Cascallana, que ha acusado al Gobierno de querer "limitar la protesta social" y "establecer límites a los derechos" a través de "descalificaciones a todo el que protesta y una restricción de libertades".
europapress.es